Introducción
En este artículo se aborda a la población joven desde una perspectiva de derechos, según la cual la noción de joven, en tanto sujeto, se relaciona con un proceso de constitución del individuo en actor social, proceso asociado al desarrollo de la libertad y autonomía respecto a los mandatos culturales y sociales vigentes. A partir de esta aproximación que considera a los y las jóvenes como sujetos de derechos, se deriva el principio de libertad individual que permite establecer la propia responsabilidad del joven ante si y ante los demás en ámbitos, como la sexualidad, que competen a su desarrollo como persona. Se entiende, por tanto, al hombre o mujer joven como un sujeto en permanente construcción y que se encuentra siempre en tensión con la lógica de un orden social denominado laico pero, en la práctica, tutelado por la jerarquía de la iglesia católica y por otros grupos de poder extremadamente conservadores en lo cultural.
Esta tensión se pone en evidencia cada vez que los gobiernos de la Concertación intentan implementar políticas preventivas en salud sexual y reproductiva, así como también cada vez que se intenta abordar los problemas relativos al mundo juvenil considerando lo que piensan, respecto a sus necesidades relacionadas con sexualidad, los y las jóvenes. Es en relación a este punto que en este artículo se considera relevante avanzar y aportar a la construcción de una mirada que plantee que los y las jóvenes también deben tener “derecho a tener derechos” en relación a los temas que los involucran, como la libertad respecto al manejo de su propio cuerpo. Apropiarse del derecho a decidir cuándo y en qué condiciones se iniciará la vida sexual y contar con los medios para hacerlo, favorece una mayor autonomía en las decisiones que atañen la intimidad, y, por ende, promueve que las personas jóvenes puedan disponer de sus cuerpos de manera más libre y satisfactoria.
1.- Breve historia sobre la construcción de derechos en el campo de la sexualidad
La sexualidad es un concepto complejo y dinámico que hace referencia al conjunto de experiencias humanas atribuidas al cuerpo sexuado. Comprende dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, abarcando no sólo lo relacionado con la anatomía, sino también, significados, deseos, emociones, todo lo cual constituye un proceso de construcción sociocultural permanente y, por ende, sólo se puede comprender en un contexto sociocultural e histórico particular. (Weeks, 1998)
Es así como, la construcción de derechos en el ámbito de la sexualidad constituyen conceptos dinámicos en permanente revisión. Actualmente, se entiende por derechos sexuales y reproductivos el derecho que tienen todas las personas, independiente de su edad, de decidir libre y responsablemente el número e espaciamiento de sus hijos e hijas, y para ello el derecho a disponer de la información, educación y del acceso a todos los métodos anticonceptivos existentes, para prevenir embarazos no planificados. Además, se considera el derecho a vivir una sexualidad libre de maltrato y riesgo para la salud, y para ello el derecho a la información y al acceso a todos los métodos preventivos, como el preservativo, para prevenir infecciones de transmisión sexual y SIDA. El Estado debe ser capaz de asegurar que cada joven pueda ejercer, informadamente, su libertad de pensamiento y pueda optar por aquel método que le parezca más apropiado a sus convicciones.
Los derechos sexuales y reproductivos constituyen una nueva generación de derechos cuando se consideran desde el punto de vista de su formación pero son indivisibles de los derechos humanos, ya que no son separables ni separados de los derechos civiles, políticos y sociales. Se relacionan con la libertad individual, libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión, de información y educación, de privacidad o intimidad, de tener los beneficios del progreso científico para decidir de forma autónoma y responsable respecto de la reproducción, así como también para vivir una sexualidad sana, sin riesgos de salud.
Es así como, los derechos humanos sexuales y reproductivos apuntan a rescatar el poder sobre el cuerpo, recuperándolo como territorio propio, promoviendo la capacidad de cada persona a tomar sus propias decisiones, interpelando a los Estados a la protección de tal autonomía y a garantizar aquellas condiciones mínimas de bienestar que hacen posible y dan sentido a dicha libertad. De ahí que, el respeto de los derechos humanos sexuales y reproductivos sea condición fundamental para el cumplimiento pleno e igualitario de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El origen de estos derechos se remonta a la década del 60 cuando, en un contexto de políticas de control de natalidad dirigidas desde Estados Unidos hacia mujeres indígenas y pobres en América Latina, el movimiento feminista internacional defiende una concepción de derechos en relación al comportamiento reproductivo de la población.
Desde 1968, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Teherán, esta visión de derechos del movimiento feminista logra instalarse en las Conferencias Internacionales organizadas por Naciones Unidas, revirtiendo así el enfoque de las políticas de población orientadas al control de la natalidad. En 1974, en la Conferencia de Bucarest y en 1975 en la Primera Conferencia de la Mujer en México, con el desarrollo de los métodos anticonceptivos comienza a instalarse la idea de derechos reproductivos, basada en cambios socioculturales relacionados con la separación entre erotismo y fertilidad. De gran importancia es la Convención para la Eliminación de toda Forma de discriminación contra la Mujer en 1979, ya que después de ser ratificada por los Estados le da un estatuto jurídico de fuerza de ley. Así como también, las Conferencias de El Cairo el año 1994 y de Beijing en 1995, marcan la consolidación de un largo proceso de construcción de derechos, estableciendo una serie de mecanismos como el Programa de acción de El Cairo y la Plataforma de Beijing para que estos derechos sean reconocidos y puedan ser ejercidos por la ciudadanía.
Es relevante destacar que en las Conferencias de El Cairo y Beijing y en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estado chileno se comprometió a prestar especial atención a las necesidades de información, educación y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes. Sin embargo, el monitoreo realizado a estos acuerdos por parte de O.N.G.s chilenas arrojan como resultado que todavía subsisten una serie de obstáculos para que la población juvenil sea reconocida “como sujetos plenos de derechos, en especial con respecto a su sexualidad”. (Maturana, 2004: 54)
Para que la población joven pueda ejercer estos derechos humanos se debe contar con órganos del Estado que considere a esta población como sujeto de derechos en el campo de la sexualidad, reconociendo, por ende, una ciudadanía juvenil.
Aunque existen acuerdos internacionales que comprometen al Estado chileno a generar las condiciones –sanitarias y educativas- para que la población joven pueda ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, no se han implementado los mecanismos necesarios para difundirlos, obstaculizando con ello que la juventud se apropie de estos derechos. Además, tanto los programas de educación como los servicios de salud muestran grandes debilidades, especialmente en crear las condiciones para que las y los jóvenes puedan ejercer estos derechos. (Vidal, 2007)
Esta situación obedece, principalmente, a las debilidades que han mostrado las políticas de salud y educación para responder, desde una perspectiva laica, a las necesidades en el ámbito de la sexualidad del conjunto de la población juvenil.
2.- Las tensiones de un Estado “laico” frente a la sexualidad juvenil
La sexualidad juvenil ha sido un campo de disputa política en el cual los Ministerios de Educación y de Salud, de los gobiernos de la Concertación, no han logrado implementar políticas públicas basadas en el carácter laico del Estado chileno. Por el contrario, todos ellos han terminado aceptando, algunos más temprano otros más tarde, las presiones de poderes religiosos y políticos que imponen su mirada conservadora respecto a la sexualidad juvenil. Basta recordar la suspensión de las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad –JOCAS- diseñadas en el Ministerio de Educación o la eliminación de la Anticoncepción de Emergencia, para jóvenes desde los 14 años, en las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud.
Pero ¿qué significa un Estado laico? Un Estado laico está constituido por instituciones libres de la influencia religiosa, por ende, con capacidad de elaborar políticas teniendo en cuenta las necesidades del conjunto de la población, para que la ciudadanía, informadamente, pueda optar en utilizarlas o por el contrario guiarse según sus convicciones religiosas. Un Estado laico no puede obligar a ninguna persona que no cree en Dios, o que no quiere obedecer a su Iglesia a verse obligado, a mantener a toda costa la vida de un enfermo en condiciones de vida inhumanas, sin posibilidades de rehabilitación y que demanda eutanasia.
En un Estado laico los tribunales de justicia fallan conforme al mérito del proceso y en ningún caso conforme a valores religiosos, como ha ocurrido en Chile en diversas oportunidades. De hecho, uno de los obstáculos para la difusión y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se observa en la llamada “judicialización de la sexualidad”, en relación a medidas que deberían tomarse en el área de salud, como el acceso a la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, y que finalmente son decididas por instancias judiciales, creando obstáculos para que el Ministerio de Salud diseñe e implemente las políticas sanitarias que corresponden a las necesidades de la población, e imponiendo medidas que desconocen la realidad de la sexualidad juvenil y que restringen el derecho a la libertad de decidir respecto al uso de métodos anticonceptivos.
Los obstáculos para ejercer el derecho a la libertad de decidir generan distancia con la institucionalidad por parte de la población joven. Para que las reglas legales sean acatadas deben ser adoptadas luego de una deliberación pública, cuestión problemática en un país como Chile en el cual no existe un verdadero debate, amplio, pluralista, democrático, que de cuenta de los cambios culturales expresados en la manera de vivir de las nuevas generaciones. Por otra parte, las reglas inspiradas en la fe o las creencias religiosas no pueden obligar a nadie a acatarlas si estas reglas se encuentran bajo un Estado de carácter laico. Un Estado laico es aquel que se compromete a no obligar a sus ciudadanos a hacer nada que no se funde en el consentimiento (reglas legales) la reciprocidad (reglas del intercambio) o la racionalidad (principios éticos)
Al tener en cuenta los principios éticos, en el plano de las políticas de salud o de educación relacionadas con sexualidad, se pone en evidencia que lo que está en juego es la laicidad del Estado chileno. La separación republicana entre Estado y religión. Entre decisiones que dependen de la conciencia individual de cada ciudadana (o) para ejercer el derecho a vivir una existencia plena y libre y los intereses de la jerarquía de la iglesia católica de imponer su visión de mundo al conjunto de la sociedad.
Una moral pública laica es necesaria para garantizar un ejercicio de la sexualidad basado en el mutuo consentimiento entre personas jóvenes informadas y empoderadas, con capacidad de discernir en qué momento y en qué condiciones iniciarán y desarrollarán su vida sexual.
Las dificultades para desarrollar una moral pública laica, ocurriría, según (Nugent, 2002: 10) en toda América Latina donde, con la formación de repúblicas, se crea un nuevo orden muy propio de la región, insuficientemente teorizado: el tutelaje. Según este autor la figura del tutelaje tiene una consecuencia importante en los países latinoamericanos: la elaboración cultural oficial según la cual la ciudadanía es incapaz de hacerse cargo de sus intereses lo que fue generando una muy sostenida forma de pesimismo cultural.
Es así como “el bloqueo para un espacio de intimidad autónoma quedó en manos de una cultura clerical que sistemáticamente dictó prescripciones sobre la manera como las personas debían conducirse en su fuero íntimo, en especial el de la sexualidad.” (Nugent, 2002: 17)
De esta manera el encuadre cultural que se formó en el orden tutelar consistió en una sostenida renuncia a una cultura republicana, democrática y laica. Es así como, existen opiniones privilegiadas “donde unas voces están en condición de sustraerse a un debate público porque se creen poseedores de un estatuto tutelar” (Nugent, 2002: 4).
El ordenamiento tutelar sistemáticamente ha saboteado la posibilidad de una plena legitimidad cultural de la libertad de pensamiento, por lo que en el campo de la sexualidad no se ha logrado establecer una cultura pública civil, laica y democrática que favorezca la formulación de la opinión propia, que, por principio, aboga por una legitimación de las individualidades.
Esta situación se pone de manifiesto en relación a la legislación que prohíbe el aborto en todas sus circunstancias. En Chile, una mujer no tiene libertad para decidir, informadamente, respecto a un embarazo que pone en riesgo su salud física o mental, situación extrema que sólo existe en muy pocos países del mundo. ¿Por qué obligar a una persona a mantener un embarazo cuando existe certeza de malformación fetal severa y, por ende, de la muerte “del que está por nacer”? ¿Por qué obligarla a soportar un embarazo que es fruto de una violación? ¿Por qué obligar a una mujer embarazada a retardar su tratamiento de quimioterapia cuando se le descubre cáncer? Frente a embarazos dramáticos como estos las reacciones de las personas involucradas son diversas. Algunas mujeres, con su pareja, optan por conservarlos, otras, en cambio, lo viven como una tortura insoportable y solicitan interrumpirlo. Cuando esto ocurre se pone en evidencia la inequidad en el acceso al derecho a la salud. Mientras en el sector privado esta decisión queda bajo el secreto de la relación médico – paciente, en los servicios públicos los principios de la ética médica, según los cuales se debe priorizar por la salud y la vida de la mujer, entran en contradicción con la legalidad vigente que impide el aborto en todas sus circunstancias. Como siempre ocurre en relación al aborto, son las mujeres pobres y sus familias las que deben soportar las consecuencias de la legislación vigente. ¿No constituye un derecho humano básico la libertad de decidir respecto a un embarazo en estas condiciones? (Vidal, 2008)
El informe de Desarrollo Humano de este año señala que frente a las opiniones convencionales, en Chile se han vivido estos últimos años grandes cambios culturales tendientes a “un fuerte sentimiento de individualidad, es decir, de la capacidad y el derecho de cada uno de construir el modo de vida que desea, y una mayor tolerancia hacia la diversidad de opiniones y estilos de vida” (PNUD, 2009: 29)
Según este informe, la sociedad chilena ha vivido cambios culturales significativos, en la medida en que se tiende a la opinión propia, a valorar la pluralidad y diversidad. Es así como en la sociedad civil existen discursos muy heterogéneos y fragmentados, que se oponen a la opinión conservadora de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sin embargo, estos discursos no son difundidos por los medios de comunicación convencionales ni mucho menos respetados por las elites políticas, obstaculizando el desarrollo de una opinión pública que pueda ejercer sus derechos humanos más básicos, como es la libertad de pensamiento, de conciencia y de opinión en temas que atañen su intimidad.
Siguiendo el planteamiento de Guillermo Nugent (2002) esto obedecería a la factura moral que se tiene respecto a la iglesia católica. En Chile, el rol jugado por la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura y la crítica al modelo económico neoliberal que impide un sueldo ético, durante los gobiernos democráticos, permite la existencia de una factura moral que otorga ciertos privilegios políticos para imponer la opinión convencional como la única opinión válida. En los hechos, la actual jerarquía de la Iglesia Católica, que responde a la jerarquía instalada en el Vaticano desde el Papa Juan Pablo II, cuenta con grandes prerrogativas tutelares. Mientras aborda el tema de la desigualdad social y denuncia situaciones de injusticia social, elude la dimensión de los derechos y libertades individuales y cuando es necesario obstaculiza la políticas públicas que van en esa dirección.
Para enfrentar la factura moral se debe proponer una defensa del pluralismo como algo diferente de la mera fragmentación. El pluralismo supone una legitimación de la diversidad de ideas públicas lo que no ocurre con los procesos de fragmentación de opiniones, los que resultan funcionales para la reproducción del orden tutelar.
El pluralismo de opiniones y propuestas no puede quedar bloqueado por la fragmentación. Debe existir un real debate de ideas, de discusión de propuestas frente a los temas como la educación sexual en los colegios, el derecho a la confidencialidad en la atención en salud sexual y reproductiva de jóvenes, el acceso a la anticoncepción de emergencia, el aborto por razones de salud, entre otros temas relacionados con sexualidad.
Para que ello ocurra se requiere contar con una ciudadanía bien informada, con opiniones razonablemente fundamentadas y, en Chile, esto es particularmente difícil. La falta de convocatoria –por parte de los poderes políticos- para abrir un debate verdaderamente informado en los temas relacionados con sexualidad, como el tema del aborto terapéutico, por ejemplo, se relaciona con la institucionalidad vigente desde el retorno a la democracia, basada principalmente en la política de los consensos y en la desmovilización social. Desde el retorno a la democracia, bajo el criterio del pragmatismo y de la estabilidad social, los partidos políticos de los gobiernos de la Concertación han logrado instalar en el país la idea de la necesidad de subordinar los principios progresistas a la gobernabilidad (tanto en lo económico como en lo cultural) restringiendo su acción a las “políticas de lo posible”. En este contexto político y cultural se obstaculiza la posibilidad de debatir, entre otros temas, sobre los derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos de la población joven cerrando, con esto, las posibilidades enriquecedoras que tiene, en la perspectiva de la profundización de la democracia, la diversidad cultural.
A la falta de un debate amplio, informado, sobre estos temas se agrega la fragmentación del mundo juvenil. Al respecto, es necesario señalar que “las transformaciones producidas por la modernidad adquieren una particular complejidad en nuestra sociedad en la medida en que es un proceso no acabado, ni homogéneamente distribuido, tanto en términos materiales como discursivos. Por una parte, existen sectores ajenos a este influjo modernizador, y por otra, conviven en el universo simbólico de la sociedad discursos heterogéneos, fragmentarios y contradictorios”. (Valdés, 2005: 313)
En la última encuesta nacional del INJUV los resultados respecto a cuán conservadores o liberales son las y los jóvenes señalan que existe una compleja diversidad de posiciones –desde el polo más conservador al más liberal- siendo todas ellas equivalentes en términos de porcentajes. Las diferencias obedecen a variables sociodemográficas ya que “los más cercanos al polo conservador son más típicamente residentes rurales, mujeres, de 15 a 19 años. Mientras que los más cercanos al polo liberal son de preferencia residentes urbanos, de género masculino, jóvenes adultos, de educación universitaria superior y de nivel socioeconómico alto y medio alto.” (INJUV, 2006: 218)
Por otra parte, si bien los jóvenes son los mayores exponentes del proceso de individualización, que como señala Ulrich Beck no es una opción ya que obedece al individualismo institucionalizado, en la medida en que la retirada de las instituciones clásicas obligan al individuo a ser el gestor de su propia vida, y a formar su identidad en un contexto cultural que les señala la importancia de ser “uno mismo” y que el camino para lograrlo radica en el esfuerzo personal (Beck, 2003), en Chile, los jóvenes se encuentran insertos en un contexto socioeconómico caracterizado por la desigualdad social y, por ende, la distribución desigual de la calidad de los soportes juegan un papel relevante en las nuevas oportunidades de individualización. Además, “las identidades que surgen de sus actividades, aunque son intensas, tienen un alcance restringido al momento de sostener una idea de ciudadanía e integrarse a la sociedad” (PNUD, 2009: 161)
Esta construcción de identidad -que al quedar restringida en lo biográfico, local o tribal, no está representada por una imagen de sociedad que permita sustentar una idea de ciudadanía- se explicaría por las prácticas a través de las cuales los jóvenes la conforman. “los referentes suelen ser personas cercanas que están insertas en los espacios comunes en los cuales se convive (…) no es un proceso de elecciones ideológicas frente a ideas abstractas (…) los referentes que aparecen son muy cercanos y no muy variados: la madre, los amigos, el padre, los profesores, algún líder de organización comunitaria (…) La identidad de cada joven es el resultado de los referentes y soportes específicos de que dispone, y de la forma práctica en que los combina y se relaciona con ellos.” (PNUD, 2009: 162)
Si la identidad es resultado de referentes familiares y soportes muy desiguales, en una sociedad como la chilena, que pertenece a las de mayor desigualdad social del mundo, las y los jóvenes viven en espacios que reproducen las distancias sociales. De ahí que los estudios enfatizan en considerar la heterogeneidad del mundo juvenil, ya que incluso en un mismo sector socioeconómico la juventud que allí existe es diversa y plural. (ACHNU, 2001)
Además, “la manera en que los propios jóvenes se reconocen así mismo como sujeto social, es también ambigua y contradictoria. Se perciben distintos de los adultos, pero no reconocen aspectos comunes a todos los jóvenes” (Contreras, 2001: 55) Es así como, la existencia de diferentes grupos juveniles, los que encierran las contradicciones y las tensiones de una época caracterizada por la coexistencia de elementos tradicionales y emergentes en las prácticas cotidianas, obstaculiza la construcción de sujetos ciudadanos, individuales y colectivos, con capacidad de apropiarse de sus derechos en el ámbito de la sexualidad.
Es necesario tener en cuenta que para ejercer el derecho a decidir sobre la sexualidad y la reproducción no sólo se debe contar con un Estado que implemente servicios adecuados en salud y educación, sino también, con una ciudadanía juvenil activa con conciencia de derechos y capacidad de presionar a los órganos estatales para que implemente las condiciones que hagan posible el ejercicio de estos derechos. Para que el Estado cumpla con los compromisos internacionales, se requiere de organizaciones juveniles con conciencia de derechos y capacidad de presión hacia los órganos del Estado para exigirlos. Pero también es necesario reconocer, como señala Beck (2003) que cualquier movimiento colectivo tiene que partir del reconocimiento que el individualismo, la diversidad y el escepticismo forman parte de la cultura juvenil actual.
3.- Una aproximación al abordaje de la sexualidad juvenil, desde el paradigma libertario y el paradigma de derechos
En torno a los derechos sexuales y reproductivos de la población juvenil la relación entre el Estado y la ciudadanía encierra una gran complejidad. En primer lugar, porque debido al peso del discurso conservador las y los jóvenes no son considerados sujetos de derechos en este ámbito. Así como también, porque las organizaciones juveniles no tienen una historia de demandas para que los órganos del Estado generen las condiciones que permitan ejercer derechos en el plano de las sexualidades. Por este motivo, en el abordaje de la sexualidad juvenil se debe tener en cuenta tanto el paradigma libertario, que respondería a las prácticas juveniles tendientes a una mayor liberalización, como el paradigma de derechos, que respondería a las necesidades de disminuir los riesgos en salud sexual y reproductiva de la población joven, especialmente de las adolescentes de los sectores populares.
Al respecto, como señala Kathya Araujo (2008), en el debate feminista sobre sexualidades, existirían dos formas de concebir y abordar este ámbito de la intimidad. Por una parte el paradigma libertario, cuyo acento está puesto en la liberalización de la sexualidad –en la experiencia concreta de las personas, en el goce, en la visión del sexo como placer- Mientras que otra forma de abordar las sexualidades es a través del paradigma de derechos el que aboga por una regulación de las sexualidades –ya que constituye un campo de ejercicio y de prácticas de opresión de las mujeres y da cuenta del sexo como poder. Al contrastar estos paradigmas se observa una tensión entre regulación y libertad.
¿Por qué abordar la sexualidad juvenil a partir de estos dos paradigmas?
Es necesario señalar que a partir de la información disponible, las prácticas juveniles tienden a una liberalización de las sexualidades. El problema radica en que, en relación a estas prácticas, la noción de derechos no ha logrado instalarse. Como se ha señalado en este artículo, no se han creado las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos juveniles. Cada vez que las políticas sanitarias intentan colocar la necesidad de la confidencialidad de la atención en salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes, la visión conservadora, que responde a los dictados de la jerarquía de la Iglesia Católica, logra imponerse.
Esto obedece, principalmente, a que los partidos y los gobiernos de la Concertación han priorizado por las políticas de los consensos con los partidos de derecha, así como también, al hecho que en los temas relacionados con sexualidad la Democracia Cristiana ha impuesto una visión conservadora al interior de la Concertación. Por otra parte, esto obedece también a la ausencia de organizaciones juveniles que presionen hacia los órganos del Estado para que generen las condiciones que hagan posible el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente en un tema tan sensible como son los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes.
Aunque el paradigma regulatorio tenga serios límites porque, al estar basado en la intervención institucional, tiende a la judicialización de la vida sexual, impulsar en Chile un debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes, en tanto derechos humanos y, por ende, relacionados con la libertad de decidir, de pensar y de actuar libremente respecto al cuerpo y a la intimidad, constituye un debate necesario para el fortalecimiento de la democracia.
Las demandas por derechos sexuales y reproductivos juveniles pueden tener un potencial político para el desarrollo de un proyecto democrático, más participativo, que reconozca y asuma el pluralismo y la diversidad.
Estas demandas son necesarias, también, para promover una mayor equidad de género, especialmente en los sectores populares. Esto es necesario, ya que como señalan las investigaciones de Teresa Valdés, en relación a las mujeres jóvenes de estos sectores, “el conjunto de la socialización que reciben, más la experiencia en su entorno, las hace creer mayoritariamente que el embarazo es algo “inevitable” y que difícilmente se podrán sustraer a la maternidad, disfrutar una vida sexual y controlar la fecundidad con eficacia.” (Valdés, 2005: 334)
Frente a los roles de género, la última encuesta nacional del INJUV señala que “en los niveles educacionales más altos de la población existe mayor apertura hacia la distribución equitativa de roles. Por el contrario, a medida que descendemos en el nivel educacional tiende a prevalecer una opinión más tradicional” (INJUV, 2006: 216)
Es así como, al analizar en la población juvenil las relaciones entre los géneros, los estudios señalan importantes cambios culturales, que se expresan en una mayor autonomía y empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, estos cambios son heterogéneos, ya que están mediatizados por la pertenencia a una clase social. Algunos sectores –de mayor capital cultural- están más permeables a los cambios, otros, sin embargo, no cuentan con las condiciones sociales para la realización del principio de autonomía. De ahí que el abordaje de la sexualidad juvenil desde el paradigma de derechos tenga gran vigencia.
Si bien el principal límite del paradigma de derechos lo constituye el hecho que “la sexualidad excede los marcos del derecho y de la justicia distributiva porque el goce sexual no es posible de ser administrado por sanción externa” (Araujo, 2008: 37) plantear en Chile que las y los jóvenes son sujetos activos sexualmente y, por ende, deben ser considerados sujetos de derechos por las políticas públicas, facilita que las y los jóvenes se apropien de su sexualidad y puedan vivirla, no sólo con mayor autonomía en las tomas de decisión, sino también de una manera más sana, sin riesgos para su salud sexual y reproductiva.
Si desde la perspectiva del paradigma libertario, las y los jóvenes son los mayores exponentes del proceso de individualización y, especialmente aquellos que por su posición social y su falta de adscripción religiosa, están más dotados de recursos personales que les brindan más oportunidades de autonomía, las personas se enfrentan hoy a la tensión entre esos nuevos mandatos culturales y las condiciones sociales para realizarlos.
Esta tensión se expresa en toda su potencialidad cuando el carácter laico del Estado chileno no se traduce en generar las condiciones para que la población joven pueda ejercer sus derechos en el plano de la sexualidad. Mientras los cambios culturales, que caracterizan a las sociedades occidentales, promueven procesos de democratización de la intimidad y que, como señala Giddens (1995) implican relaciones libres e iguales y, lo que es fundamental para la vida personal, implican la idea de autonomía, en tanto la capacidad de los individuos de reflexionar por si mismos y de autodeterminarse, en Chile las políticas de salud y de educación no crean las condiciones sociales para llevar a cabo esas promesas.
Esta situación no es coherente con el hecho que “las trayectorias y prácticas sexuales de las y los adolescentes y jóvenes en nuestro país se han tornado cada vez más amplias. Así, algunas parecen transitar indistintamente desde el polo de la heterosexualidad al de la homosexualidad y bisexualidad, dependiendo de las circunstancias” (INJUV, 2006: 187)
Si bien la mayoría (71.1%) declara que la iniciación sexual penetrativa ha implicado sólo penetración vaginal, un 24.3% declara haber experimentado penetración vaginal y anal, “quienes señalan la experiencia de ambas prácticas muestran una tendencia mayoritaria de los varones (30.8%) respecto de las mujeres (17.0%)” (INJUV, 2006: 188)
Es necesario señalar, sin embargo, que quienes declaran haber experimentado ambos tipos de penetración –vaginal y anal- pertenecen más al nivel socioeconómico alto y medio alto, quienes no sólo tienen un inicio sexual menos temprano, sino también más protegido, en relación a aquellos hombres y mujeres de sectores de menores ingresos. Es así como, la apertura a una mayor diversidad de prácticas sexuales no significaría necesariamente una mayor exposición al riesgo en salud sexual y reproductiva. En este sentido, al considerar los niveles socioeconómicos de la población joven, los datos de la última encuesta del INJUV (2006) son consistentes con las encuestas anteriores, así como también, con otros estudios realizados sobre sexualidad juvenil, en el sentido que son los sectores de menores ingresos quienes se encuentran más expuestos al riesgo en salud sexual y reproductiva.
Según los últimos datos disponibles, el 71,8% de la población joven está iniciada sexualmente, considerando penetración coital. A esta cifra se agrega un 9,6% de la población que se declara no iniciado pero con experiencias precoitales, por lo que sólo un 18,6% de esta población declara no haber tenido ninguna experiencia sexual. (INJUV, 2006: 185)
Por otra parte, a pesar de no exceder el 10% de los casos, un hallazgo revelador de la encuesta señala que las mujeres tienen una mayor apertura a experimentar prácticas sexuales precoitales con uno u otro sexo, respecto de los varones, específicamente “el sexo oral es la práctica precoital que congrega el mayor porcentaje de mujeres que declara haberlo experimentado con personas de ambos sexos”, dando cuenta “de una diversificación de los patrones de comportamiento sexual de las y los jóvenes en Chile, quienes parecen exhibir una creciente conducta de exploración de nuevas experiencias y prácticas sexuales, que les permiten ampliar sus repertorios” (INJUV, 2006: 187)
Además, aunque la mayor parte de la población joven tuvo su primera relación sexual penetrativa con su pololo (a) se registra un importante porcentaje de vínculos ocasionales en el primer encuentro sexual, 18.2%. “Resulta sensato suponer que el contexto de una relación sexual ocasional pueda estar desprovisto de tecnología preventiva contra las infecciones de transmisión sexual y el embarazo (…) la identificación de este vínculo, sobre todo en el caso de la primera relación sexual, permite abrir el debate en la sociedad en torno a la disponibilidad de métodos de protección y entrega señales acerca de los escenarios y condiciones en los que se despliega la sexualidad juvenil actual.” (INJUV, 2006: 190)
Abrir este debate es particularmente importante al tener en cuenta que “el promedio de edad de inicio de las relaciones sexuales penetrativas es de 17 años para ambos sexos, mientras que la edad modal en los varones es de 16 años y en mujeres es de 18 años (…) A los 18 años, los varones acumulan un 81.5% de sujetos que declaran haber iniciado este ámbito de sus vidas sexuales, mientras que a esa misma edad son un 73.2% las mujeres que señalan haberse iniciado sexualmente mediante relaciones sexuales penetrativas. Ahora bien, antes de los 18 años, las y los jóvenes de los segmentos socioeconómicos C3 (63.3%), D (69.0%) y E (62.2%), son quienes representan las más altas proporciones de casos que han iniciado sus prácticas sexuales con penetración respecto de aquellos de los grupos socioeconómicos C2 (59.6%) y ABC1 (54.8%). Ello evidencia con claridad la temprana iniciación sexual de aquella población joven que proviene de los sectores más desprotegidos de la sociedad.” (INJUV, 2006: 189)
A partir de los datos se puede constatar que el pensamiento conservador en materia sexual se opone a la práctica concreta de jóvenes que no aceptan la homogeneización en sus estilos de vida, sino por el contrario, jóvenes que están abiertos a la diversidad de modos de vivir la intimidad, y por ende, a construir una sociedad más libre, más democrática.
Como señala Carlos Peña, en una sociedad verdaderamente democrática “-la sociedad que debemos esforzarnos por construir- las preferencias sexuales de las personas deben ser tratadas con neutralidad, sin considerar a ninguna de ellas como intrínsecamente mejor que otra. Si usted ejerce su sexualidad mediando consentimiento, entonces la sociedad no tiene nada que reprocharle (…) Y es que una cosa es la condición sexual de cada uno y otra sus disposiciones morales o de carácter”. (Peña, 2009: D 14)
Si la tendencia de la sexualidad juvenil es a una mayor liberalización, para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática no sólo se requiere hacer realidad la igualdad en la diferencia y, por ende, el respeto a la diversidad, sino también, es necesario una ciudadanía juvenil activa, con conciencia de derechos y capacidad de presionar a los órganos del Estado para que implemente las condiciones que hagan posible el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esto es particularmente importante para la población juvenil de menores ingresos que, como se ha señalado anteriormente, tiene un inicio sexual más temprano y más desprotegido.
Una ciudadanía juvenil empoderada tiene gran relevancia, desde un punto de vista de prevención en salud sexual, especialmente al tener en cuenta las cifras de la última encuesta del Instituto Nacional de la Juventud.
Al respecto, resulta preocupante que un 52.5% de las personas encuestadas declare no haber usado ningún método de prevención en la primera relación sexual penetrativa, especialmente preocupante resultan los trece puntos porcentuales de diferencia entre las mujeres que si lo hicieron (42.1%) y quienes no lo hicieron (55.5%). Reafirmando los resultados de encuestas anteriores, el 2008 da cuenta de la incidencia de las variables socioeconómicas y culturales en la determinación de las conductas de riesgo, ya que el uso de tecnología preventiva corresponde en su mayoría a jóvenes con nivel educativo universitario y de sectores socioeconómicos altos. “En cualquier caso, los resultados respecto del uso de tecnología preventiva en la primera relación sexual coital son conclusivos. Existe un bajo nivel de uso de estos métodos en el primer encuentro sexual penetrativo de la población joven, aún cuando este uso supera en 10 puntos porcentuales al registrado en el 2003 (34.0%)” (INJUV, 2006: 191)
Además, también resulta preocupante constatar que al comparar lo señalado en relación al uso del preservativo en la primera y última relación sexual se observa una reducción a la mitad, 88.1% y 42.6% respectivamente, reflejando con esto que en la población joven no existe un uso consistente del preservativo, para prevenir infecciones de transmisión sexual y SIDA. (INJUV, 2006: 195)
A partir de estos datos se da cuenta de una sexualidad marcadamente desprotegida por parte de la juventud chilena. De hecho, tanto en la primera como en la última relación sexual existe un bajo nivel de uso de métodos de prevención, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Al respecto, la inequidad social existente en el país se refleja en el acceso al uso de los métodos preventivos y, en consecuencia, en la problemática de los embarazos no planificados, los que afectan muy mayoritariamente a las adolescentes de escasos recursos económicos.
Cada año en Chile siguen naciendo alrededor de 40.000 hijos o hijas de madres menores de 19 años, 74% de los cuales pertenece a los dos últimos quintiles de ingreso. Además, poco más de 1.100 son de madres menores de 15 años y cerca de 4.000 son el segundo hijo o hija de madres de entre 15 y 19 años. (Vidal, 2007)
Como señala Irma Palma, el fenómeno del embarazo adolescente en la sociedad chilena adquiere su centralidad, fundamentalmente, a partir de su particular ubicación sociodemográfica en los estratos populares y en las implicaciones que esto tiene para madres y padres jóvenes. La distribución social de esta problemática “expresa inequidades en materias de habilitación de los sujetos y acceso a medios de prevención de riesgos y reducción de daños, y conlleva efectos que profundizan desigualdades sociales y de género (…) la transmisión intergeneracional de patrones de maternidad adolescente generan condiciones para que estas jóvenes mujeres, y con ellas, sus hijos conformen un tipo de hogar especialmente vulnerable desde el punto de vista económico y social ” (Palma, 2003: 166/ 167)
En un país de progresiva disminución de la tasa de natalidad, resulta preocupante el elevado número de adolescentes que son madres, no solamente porque a menor edad del embarazo existe un mayor riesgo de salud física para la madre y el hijo/a, sino también porque el embarazo adolescente puede tener graves consecuencias psicológicas al competir necesidades diferentes, e incluso opuestas, de dos seres humanos que se encuentran en desarrollo. Pero no sólo las mujeres, sino también los padres adolescentes enfrentan la tensión entre sus propias necesidades personales de desarrollo y las de sus hijos/as. Estas consecuencias obedecen, principalmente al hecho que la maternidad y paternidad adolescente se observa muy mayoritariamente en los sectores de mayor pobreza, carentes de redes de apoyo social.
Es necesario señalar que la problemática del embarazo adolescente no se relaciona sólo con las debilidades de las políticas en educación y salud, en la medida en que obedece a factores económicos y culturales relacionados tanto con la dificultad para construir un proyecto de vida centrado en el estudio y en el desarrollo profesional, como con la alta valorización de la maternidad. En algunos casos la maternidad temprana es la única opción disponible que permite a la joven adquirir un status social valorado que funciona como puente hacia la edad adulta. Cuando a la pobreza, a la falta de redes de apoyo social y de acceso a sistemas de salud, se agregan factores familiares (violencia, por ejemplo) y personales (como bajo rendimiento escolar) se dan mayores condiciones de vulnerabilidad social para embarazarse siendo adolescente, lo que a su vez profundiza los obstáculos para salir de la pobreza.
A pesar de los cambios en el sector educativo, tendientes a acoger a la adolescente embarazada, un porcentaje importante de madres y padres adolescentes no continúa estudiando, por lo que se ven limitados posteriormente a acceder a empleos muy precarios y muy mal remunerados. (Olavarría, 2007)
Por lo señalado anteriormente, un abordaje de la sexualidad juvenil debe tener en cuenta los cambios culturales, tendientes a una mayor diversificación de los patrones de comportamiento sexual, así como también, debe considerar que un inicio sexual más temprano no está acompañado por una apropiación de la sexualidad desde una perspectiva de derechos, situación que afecta principalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Algunas Conclusiones
En el contexto sociocultural chileno, es relevante promover los derechos sexuales y reproductivos como derechos juveniles. Los grupos de poder se caracterizan por un discurso conservador que intentan imponer, en los medios de comunicación, como el único válido y que no corresponde a los discursos heterogéneos, ni a las prácticas muy diversas en materia sexual, que caracterizan actualmente a la población juvenil.
Debido a esta situación, actualmente cobra gran relevancia la demanda por una cultura pública laica, basada en un discurso democrático capaz de sostener un pensamiento crítico frente a los poderes fácticos, que logran obstaculizar aquellas las políticas en educación y en salud tendientes a crear las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población juvenil.
Uno de los aspectos político-culturales de mayor potencial innovador de la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto derechos humanos, es que simultáneamente permite abrir una discusión sobre la libertad de decidir en el espacio de la intimidad y también abordar el diseño e implementación de políticas públicas. La interrelación entre lo privado y lo público se ve reflejada claramente en este tema.
Al respecto, es necesario señalar, que si bien la interpretación de las necesidades en sexualidad y reproducción y la decisión sobre el modo de satisfacerlas no es prerrogativa de las políticas estatales, sino de las y los jóvenes cada vez más abiertos en el campo de la sexualidad, un Estado de carácter laico debe dar cuenta de estas transformaciones y crear las condiciones para que el conjunto de la población juvenil pueda vivir la sexualidad de manera más libre, más autónoma y sin riesgos de salud.
En Chile, sin embargo, la falta de coherencia en la interrelación entre lo privado y lo público se observa en la contradicción existente entre una mayor liberalización de las prácticas sexuales y, por otra parte, el hecho que la población joven no sea reconocida como sujetos de derechos en sexualidad
Esto obedece a la debilidad de las instituciones públicas y del discurso público laico para cumplir su función de regulación, para diseñar e implementar políticas en salud sexual y reproductiva a partir de las necesidades de la población joven. Situación que afecta principalmente a los sectores de menores recursos económicos, quienes tienen un inicio sexual más temprano y prácticas sexuales más desprotegidas, y por otra parte quienes son los menos permeables a los cambios culturales de democratización de la intimidad, porque no cuentan con las condiciones materiales para llevar a cabo sus procesos de individuación, de construcción de trayectorias individuales de vida. A la falta de regulación, la sexualidad queda relegada al ámbito doméstico y, por ende, a la transmisión de patrones culturales tradicionales, lo que se pone en evidencia en las cifras de embarazos adolescentes. En este contexto económico y cultural tiene gran relevancia una regulación institucional pública, sostenida en un discurso laico, para de esta manera entrabar la reproducción de lógicas familiares basadas en relaciones jerárquicas entre los géneros.
Es importante destacar que existen grandes diferencias, según los sectores socioeconómicos, en la distribución de los riesgos relacionados con salud sexual y reproductiva. En efecto, si algunos jóvenes están en condiciones de vivir procesos de individuación y tener una mayor liberalización en sus prácticas sexuales, sin que implique mayor riesgo de salud, otro sector de la población joven necesita que el Estado genere las condiciones para llevar a cabo una sexualidad más segura, sin riesgos de salud, pero también para implementar sus procesos de construcción de trayectorias individuales de vida. Esto implica no sólo que las y los jóvenes puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino también, llevar a cabo políticas sociales de carácter integral para enfrentar el problema de inequidad social que está a la base de la reproducción de patrones tradicionales de género.
Como se ha dicho en este artículo para que las y los jóvenes puedan defender sus derechos ciudadanos, en este caso sus derechos a una sexualidad libre y sin riesgos de salud, se necesitan organizaciones ciudadanas. Se necesita la construcción de sujetos ciudadanos, individuales y colectivos, capaces de interactuar en la esfera pública para expresar sus opiniones y participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Al respecto es importante tener en cuenta que la consigna “Por la libertad de decidir” logró congregar, en las principales ciudades del país, el 22 de abril del 2008, a una gran cantidad de organizaciones juveniles, en una de las marchas más numerosas que se han realizado desde el retorno a la democracia, para protestar frente a la resolución del Tribunal Constitucional que prohibió la entrega en los consultorios de la anticoncepción de emergencia, a personas mayores de 14 años.
La apropiación del lema “Por la libertad de decidir” puede constituir un paso importante en el fortalecimiento de organizaciones juveniles, capaces de presionar a los órganos del Estado para que genere las condiciones que permitan ejercer los derechos sexuales y reproductivos, y por ende para que exista una mayor coherencia con el carácter laico que dicen tener.
Es necesario señalar, sin embargo, que no es suficiente lograr introducir en la agenda pública debates como la confidencialidad en la atención en salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes. De hecho, instalar temas relacionados con sexualidad juvenil puede dar lugar a nuevos consensos donde se acepten interpretaciones de signo conservador. En este sentido es importante la autogeneración de condiciones de participación por jóvenes organizados políticamente desde la sociedad civil y la proliferación de prácticas políticas que no se restringen al sistema de representación político tradicional y que son producto de los cambios culturales existentes, del incremento de la reflexividad social e individual.
Revista de La Academia de Humanismo Cristiano Nº 14 2009
Bibliografía
Araujo, Kathya; Prieto, Mercedes (2008) (Editoras) Estudios sobre sexualidades en América Latina, FLACSO, Ecuador
Araujo, Kathya; Ibarra, Carolina (2003) (Editoras) Sexualidades y Sociedades contemporáneas, PROGENERO- UNFPA, Santiago
ACHNU (2001) Noche viva: dichas y dichos del carrete juvenil. Cuadernos de Reflexión N° 2, Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Santiago.
Beck, Ulrich; Beck-Gernsheim, Elisabeth (2003) La individualización, el individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, Paidós, Barcelona.
Contreras, Daniel (2001) “Política social de juventud: ¿excluir o integrar a qué? Ultima Década, N° 14, CIDPA, Viña del Mar.
Giddens, Anthony (1995) La transformación de la intimidad, Cátedra, Madrid.
INJUV (2008) 5° Encuesta Nacional de Juventud, Instituto Nacional de la Juventud, Santiago
Maturana, Camila (2004) Derechos sexuales y reproductivos en Chile, a diez años de El Cairo, Foro- Red de Salud y Derechos, RSMLAC, Santiago
Nugent, Guillermo (2002) El orden Tutelar. Para entender el conflicto entre sexualidad y políticas públicas en América Latina, Programa de Estudios de Género y Sociedad UAHC, Santiago.
Palma, Irma (2003) “Paternidades entre los jóvenes: la “evasión” como respuesta en crisis y la paternidad en soltería como respuesta emergente” En: Varones Adolescentes: género, identidades y sexualidades en América Latina, José Olavarría Editor, UNFPA, Red Masculinidades Chile, Santiago.
Peña, Carlos (2009) “Ser padre y ser gay”, El Mercurio, Domingo 15 de marzo, Reportajes D14, Santiago
PNUD (2009) Desarrollo Humano en Chile, la manera de hacer las cosas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile.
Olavarría, José (2007) Estudio de la situación de maternidad y paternidad en el sistema educativo chileno” Ministerio de Educación, Corporación de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, Santiago.
Valdés, Teresa; Valdés, Ximena (2005) (Editoras) Familia y vida privada ¿transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos sentidos? CEDEM, FLACSO, Santiago.
Vidal, Paulina (2008) (Coordinadora de la investigación) Construcción de argumentos para la restitución en Chile del aborto por razones de salud, PROGENERO, UAHC, Santiago.
Vidal, Paulina (2007) (Encargada del módulo Sexualidad Juvenil) Curso Virtual: Género y Sexualidad: competencias para la docencia, Coordinadora general del proyecto Teresa Valdés, Convenio UNAP- CEDEM- CLAM, Chile – Brasil.
Vidal, Paulina (2002) “Juventud chilena y derechos en sexualidad” Agora, Debats/Jeunesses, N° 29, L Harmattan, Paris.
Weeks (VER) (1998) Sexualidad, México: Paidós La sexualidad juvenil y el carácter “laico” del Estado chileno
