Álvaro Ramis
Presidente Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN
La democracia no consiste sólo en un mecanismo para la elección de autoridades. Es también un modo de regular la relación permanente entre los ciudadanos y el gobierno. Para que eso suceda se requiere garantizar la libertad de asociación, de reunión y de manifestación pacífica de demandas ciudadanas. En nuestro país esta dimensión de la democracia posee menor legitimidad legal y garantías políticas que la dimensión electoral. Los marcos jurídicos parecieran desincentivar las demandas colectivas y privilegian el reclamo individual, que la mayoría de las veces resulta estéril. Por esta razón diversos estudios, como los de PNUD o el Latinobarómetro han constatado una creciente sensación de indefensión de las personas respecto a los poderes del Estado, las empresas, medios de comunicación e instituciones policiales.
En este contexto, es preocupante que el Ejecutivo haya enviado al Parlamento un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Penal, a la Ley sobre Seguridad del Estado, y a la ley sobre violencia en los estadios que tiende a criminalizar la protesta social en nuestro país. El texto del polémico proyecto ya fue aprobado por el Senado, y estamos a la espera de la discusión en la Sala de la Cámara, cumpliendo así su segundo trámite constitucional. Esta discusión podría darse en el transcurso de las próximas semanas y si se aprueba tal como esta planteada, la nueva ley sentará un grave daño a la capacidad de la sociedad civil de expresarse organizadamente.
El texto legal parte de un diagnóstico que no es desacertado: “En el último tiempo hemos podido ver cómo, con el pretexto de participar en legítimas manifestaciones ciudadanas, una o más personas han incurrido en conductas delictivas o dañosas, que deslegitiman el ejercicio de los derechos garantizados por la Carta Fundamental y provocan diversas consecuencias en el patrimonio público y privado”. No se trata de una situación nueva, pero que se ha agravado en la medida en que muchas de las demandas de la población parecen no tener eco e impacto en las autoridades. La existencia de conflictos sociales es inevitable puesto que son la expresión del choque de intereses contrapuestos. Cuando los canales institucionales están obturados, los conflictos estallan y los intereses se manifiestan de modo desordenado. Este problema, que no es exclusivo de Chile sino de toda sociedad democrática, y existen distintas formas de proceder y regular su desarrollo. Tal vez, el caso extremo es el que asumen las dictaduras, que como hoy en Honduras imponen estados de excepción, toques de queda y violan brutalmente todas las garantías constitucionales de quienes desean expresar su descontento.
El proyecto del gobierno chileno no es equiparable. No estamos ante una forma camuflada de represión violenta. Pero sus efectos son intimidantes. Se promueve aumentar las sanciones a quienes cometan desmanes o delitos con su rostro cubierto. En ello no hay objeciones. Pero la medida más polémica del proyecto de ley es la que hace responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública de los supuestos daños que los participantes causen. El texto afirma que serán responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”. De esta forma, los participantes de las reuniones o manifestaciones públicas que causen daños a la propiedad pública o privada, responderán directamente de ellos. Para estos efectos, el proyecto de ley establece que los organizadores de toda reunión o manifestación pública serán los responsables del orden y deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.
¿Quién estará dispuesto, bajo este tipo de normas, a convocar a una manifestación ciudadana en nuestro país? ¿Quién puede predecir el futuro y asegurar que no será infiltrado por tres o cuatro violentos? ¿Qué radio, periódico u otro medio de comunicación electrónico estará dispuesto a difundir una convocatoria si la ley establece que es solidario con sus consecuencias? Lo que veremos son manifestaciones cada vez menos organizadas, con convocantes clandestinos y fragmentados.
Claramente el camino para la regulación de las manifestaciones debe ser muy diferente. Se debe proteger y estimular a las organizaciones que convocan en coordinación con las autoridades públicas. Se debe ampliar la comunicación entre los convocantes y la policía antes, durante y después del evento. Se deben respaldar las expresiones cívicas, garantizando su desarrollo aunque estén con oposición a las orientaciones de las autoridades de turno. Esta es la agenda necesaria.
La violencia social disminuiría significativamente si las situaciones que originan las manifestaciones callejeras se pudieran procesar de acuerdo a criterios tecno-políticos que asuman la legitimidad e importancia de las demandas de la ciudadanía. Lo que implica desarrollar una ley de participación ciudadana a la altura de la complejidad de nuestras sociedades.
